martes, 22 de enero de 2008

CREACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS DE MADRID

Desde hace no mucho tiempo se habla de la creación de un Colegio Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid, y creo que es algo que debemos apoyar para defender nuestros intereses y los de nuestro colectivo. Me han pasado un documento con algunos datos, de los que he entresacado los que siguen:


• La finalidad de crear un colegio es la de acoger a los profesionales de las bibliotecas, archivos y centros de documentación para tener una voz más sólida ante las graves diferencias que padece nuestra profesión y nuestros centros.
• Un Colegio sería la entidad más legitimada para presentarse ante los órganos de la administración encargados del desarrollo de la política archivística-bibliotecaria y para representar a los profesionales dentro y fuera de nuestro país.
• La creación de colegios en otras CC.AA. podría favorecer la cooperación de estas entidades para formar un entramado y un grupo de presión política más fuerte.
• Desde un Colegio podríamos presionar a la administración para resolver estas carencias y conseguir ponernos a la altura de otras comunidades en estas cuestiones. Podríamos dirigirnos directamente a las autoridades para ello y en casos extremos acudir a los medios de comunicación.
• Un Colegio puede ser el interlocutor idóneo entre los profesionales y el mundo de la empresa, no sólo para explicar y publicitar lo más posible nuestra labor entre el tejido empresarial español, sino para luchar por una mejora de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en este sector.
• Ayudar a los titulados y personas en paro para que puedan preparar su entrada al mercado de trabajo: asesoramiento legal, cómo realizar una estrategia de búsqueda de empleo, preparación de entrevistas, nuevos nichos de mercado, etc.
• Evaluación de la situación laboral de los profesionales de la información: establecimiento de honorarios mínimos recomendados; análisis de las categorías profesionales en la administración pública; estudio de la situación de los profesionales en el sector privado
• Definición de perfiles profesionales y presentación de los mismos a la sociedad (nuevos estudiantes) y las empresas.
• Crear cauces de comunicación y foros de intercambio entre los profesionales de la documentación madrileños, al igual que existen en otras comunidades.
• Reclamar a la administración autonómica que retome las jornadas y las amplíe a las otras ramas de la profesión.
• Denunciar como Colegio Profesional la ocupación de puestos de trabajo en unidades de información por personas ajenas a la profesión. Sólo con esto nos abriríamos un importante yacimiento de empleo, además de, lógicamente, aumentar la calidad del servicio.
• Bases de las oposiciones para las bibliotecas y archivos de la Comunidad comunes y homogéneas a todas ellas y mayor presencia en los tribunales de personal técnico de la Comunidad para evitar el “amiguismo” municipal.
• Como Colegio tendríamos fuerza para denunciar los posibles abusos que se producen y que ahora se tienen que limitar a la protesta individual, con pocos visos de prosperar.
• Crear cauces de comunicación y foros de intercambio entre los profesionales de la documentación madrileños, al igual que existen en otras comunidades.
• Reclamar a la administración autonómica que retome las jornadas y las amplíe a las otras ramas de la profesión.
• Poner en práctica una estrategia importante de difusión de la profesión en la sociedad a través de mensajes positivos y que denoten modernidad, especialmente dando repercusión mediática a los logros de nuestros profesionales.
• Acercarnos a elementos de la sociedad claves para nuestra profesión:
– empresas,
– escuelas e institutos,
– medios de comunicación…
• Participación en eventos no propiamente bibliotecarios pero que pueden tener repercusiones en nuestro entorno: ferias de enseñanza para publicitar nuestra carrera entre los jóvenes, ferias de Internet, eventos de editores, etc.
• Labor de análisis, debate y difusión de la evolución de nuestro trabajo entre los propios profesionales
• Organización de eventos que permitan relacionar a los distintos ámbitos de nuestra profesión.
• Actuar como foro de debate y análisis de las necesidades de formación emergentes, surgidas de los nuevos desarrollos tecnológicos y de la evolución de nuestra profesión.
• Actuar como interlocutor idóneo ante los centros universitarios para dar a conocer las deficiencias de los planes de estudios y ayudar así a su mejora.
• Cooperar con la universidad en, por un lado, la difusión de los estudios ante escuelas e institutos para que aumente el número de estudiantes y, por otro, facilitar las relaciones entre universidad y empresa para aquellos estudiantes que terminan sus estudios.
• Evaluar y dar respuesta a las lagunas formativas que se detecten, ya sea a través de la cooperación con otros organismos con tradición formadora o a través de cursos propios que permitan el acceso a la formación a todos los profesionales que lo necesiten.
• Necesidad de potenciar y publicitar la importante labor social de los profesionales de la información como elementos de integración social de colectivos desfavorecidos y emigrantes, de inserción laboral, de acceso a las nuevas tecnologías, de potenciadores de la innovación en las empresas, etc..
• Creación de un código deontológico que establezca las obligaciones de un profesional de gestión de la información.
• Existencia de un órgano que se encargue de controlar el ejercicio de la profesión y de sancionar las malas prácticas y actuaciones
• Crear códigos de buenas actuaciones y prácticas según los distintos tipos de centros.
• Visar los trabajos bibliotecarios-archivísticos mostrando su adecuación a cánones de calidad y legalidad.
• Estudiar los requisitos y posibilidades de que los centros consigan certificaciones de calidad del tipo ISO.
• Existencia de un asesoramiento legal, no sólo en cuestiones laborales (contratos, acceso al autoempleo, creación de empresas, etc.) sino también para otros elementos que afecten a su trabajo diario (derechos de autor, derecho de las administraciones públicas, etc.)
• Defensa de los colegiados en juicios.
• Creación de un listado de peritos en las distintas áreas de competencia de nuestro trabajo.
• Presentación de informes y estudios para la administración pública cuando así se lo solicite.


Se han establecido unos grupos de trabajo para quien desee apuntarse al proyecto, Aunque aún no he ido a ninguna reunión, ya estoy a la espera para cuando hagan la siguiente e informarme más.

El mail de contacto es: plataformacolegiomadrid@gmail.com


1 comentario:

Zeetoba dijo...

La exigencia de una reforma democrática del modelo decomunicaciónque tenemos en México debe pasar por una nuevalegislación de medios. Los últimos acontecimientos en el país han dejado demanifiesto elrol que ocupan los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, en la vida democrática del país, convirtiéndose en un poder fáctico por encima de las instituciones. Algunosejemplos de ello son el proceso electoral del 2006, la llamada"Ley Televisa", y la cancelación del programa radiofónico de Carmen Aristegui. Por ello la lucha por una reforma a la medida de las aspiraciones y los anhelos de la sociedad democrática, debe sumar los esfuerzos de todos al reconocer el derecho a la comunicación. No puede seguirse soslayando el que las libertades de expresión y el derecho a la información son derechos de todos los ciudadanos y el acceso equitativo a los medios de comunicación para que se puedan debatir ideas es la forma concreta como se garantizan tales derechos. La garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información obliga a nuestros representantes populares, la definición de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta. La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Frente a ese intento de despojo de una buena parte del espectroradioeléctrico, que se conoció como la Ley Televisa, la acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de senadores, acompañados por importantes sectores de la sociedad, permitió que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara, por violentar la Constitución, los artículos más relevantes que se habían propuesto. Esa histórica decisión de la Corte, sin cuyo impulso social no hubiera sido posible, contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que el año pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. La ausencia de los derechos de las audiencias frente a los emisores pone de manifiesto la necesidad de la reforma democrática del modelo de comunicación en el país, pues los medios electrónicos utilizan un Bien del Dominio de la Nación que nos pertenece a todos. Esta nueva ley, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la Ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México. Es grande el reto, pues es una reforma como ésta, se enfrenta a la resistencia de enormes intereses económicos y al poder desmedido que tienen los actuales concesionarios no sólo sobre la clase política, sino sobre diversos actores sociales. Lo que falta hoy es unirnos y organizar el esfuerzo de todos aquellos que compartimos los anhelos de una reforma democrática de los medios, hacer valer nuestra voz en el proceso de reformas legales, por ello,la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), convoca a la conformación de un Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos, que este siempre presente en las deliberaciones, exigiendo a los legisladores actuar con responsabilidad frente al interés general, demandar una legislación que garantice, al menos los siguientes aspectos:
1. Los Derechos de los Ciudadanos a una Comunicación Democrática.
2. El Servicio Público que deben prestar los medios electrónicos y los derechos de las audiencias.
3. La Rectoría de Estado sobre el espectroradioeléctrico, propiedad de la nación
4. Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad.
5. Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital.
6. Un órgano regulador autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas.
7. Acceso universal y Conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales.
8. Diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente.
9. Libertad, pluralidad, responsabilidad, deacuerdo a estándares democráticos de libertad de expresión, que permitan la pluralidad informativa, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación: la privada-comercial, la pública-estatal y la comunitaria-sin fines de lucro.
10. Derecho de Réplica.
11. Integridad de los contenidos, que eviten la censura.
12. Defensa de intereses nacionales y transparentar la inversión extranjera en medios de comunicación electrónica.
13. Promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas. Por lo anteriormente expuesto la AMEDI, invita a su organización a que forme parte de este Frente Nacional por la Reforma Legislativa de Medios Electrónicos, conocedores de que en la defensa de los principios democráticos que ustedes enarbolan, se encuentra el derecho a la información, y porque es necesario que en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso se haga valer este asunto como uno de los esenciales para la democracia en nuestro país.